Las CCAA que no garanticen el castellano tendrán que pagar la enseñanza privada

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, ha cambiado de arriba abajo el anteproyecto de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE) para garantizar la enseñanza del castellano en todas las comunidades con lengua cooficial. Así lo prueba un borrador, al que ha tenido acceso ELMUNDO.es, que dice que "las administraciones educativas garantizarán en todas las etapas educativas obligatorias que las lenguas cooficiales sean ofrecidas en las distintas asignaturas en proporciones equilibradas en el número de horas lectivas, de manera que se procure el dominio de ambas lenguas oficiales por los alumnos". En el texto, fechado al día de hoy, se especifica por primera vez en una ley educativa que las comunidades autónomas, que son las que tienen competencias educativas, deberán dar "un trato diferenciado a la lengua cooficial respecto del castellano en una proporción razonable, sin que, en ningún caso, pueda suponer, de hecho, la exclusión del castellano". Wert recoge expresamente en la ley que los padres que quieran que sus hijos estudien en castellano podrán escolarizar a sus hijos en centros privados, tal y como adelantó a EL MUNDO. Y va más allá, al determinar que será la propia comunidad autónoma la que "sufragará los gastos de escolarización". Esta medida ha desatado la indignación de la consellera catalana, Irene Rigau, que ha afirmado esta noche que la LOMCE "tumba" la imersión lingüística en Cataluña. Reivindicaciones de las CCAA Por otro lado, el texto incorpora buena parte de las reivindicaciones expresadas en las últimas semanas por las comunidades autónomas, sobre todo las del PP. Sobre todo a la demanda de tener más peso en las evaluaciones, pruebas finales que el alumno debía aprobar si quería pasar curso y cuya elaboración correspondía al Estado. En el nuevo borrador, de 68 páginas, dice textualmente que "los centros docentes realizarán una evaluación individualizada a todos los alumnos al finalizar el segundo o el tercer curso de Educación Primaria, según dispongan las administraciones educativas". Las administraciones educativas son las comunidades autónomas. En el anterior redactado, que el ministro discutió con los consejeros autonómicos el pasado 29 de octubre, el texto decía que esta prueba debería realizarse en tercer curso de Primaria y que los criterios de evaluación y características generales "serán fijados por el Gobierno para todo el sistema educativo español, previa consulta a las comunidades autónomas". Es decir, las CCAA pasan ahora a tener la patria potestad de esta prueba. Esta evaluación, además, se dulcifica, porque, en el anterior redactado, no aprobarla conllevaba una posible repetición del tercer curso de Primaria y ahora simplemente se dice: "De resultar desfavorable esta evaluación, el equipo docente deberá adoptar las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas", sin mencionar en ningún caso la repetición de curso. Es decir, no conlleva repetir obligatoriamente. En otras palabras, la reválida de 3º de Primaria se queda en simple prueba y su gestión, en manos de las CCAA. Por otro lado, en la prueba de sexto de Primaria, que no era una reválida, sino una prueba sin efectos académicos, su realización pasa a mano de las "administraciones educativas correspondientes". En el anterior redactado, su elaboración correspondía al Estado. En cuanto a las reválidas de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato, quedan igual que antes: en manos del Ministerio. La nueva ley también atiende a las demandas de las comunidades autónomas al permitir que la Formación Profesional básica dé derecho a un título de la ESO.

Fuente de la Noticias: Noticias de España