La operación Mercurio se amplía a la contrata de basuras de Sabadell

La operación Mercurio cada vez tiene más frentes abiertos. Primero fueron las licitaciones de obras; luego, la concesión de los servicios funerarios, y ahora está siendo objeto de investigación la contrata de los servicios de basuras de Sabadell. El alcalde de la ciudad, Manuel Bustos, compareció ayer ante el juez que instruye la causa y declaró antes de entrar en el edificio judicial que era inocente y que pensaba dar explicaciones sobre todo aquello que se le preguntara. A varios de los imputados se les ha interrogado sobre los gastos de Bustos en la Federació de Municipis de Catalunya (FMC), de la que es presidente.Las investigaciones se sustentan, fundamentalmente, en las intervenciones telefónicas ordenadas por el juez que instruye el sumario, Ramón González, titular del juzgado de instrucción número 1 de Sabadell. A partir de ellas, la Fiscalía Anticorrupción sigue ! la pista de la concesión del contrato de limpieza y basuras de la ciudad, cuya renovación fue objeto de polémica entre los distintos grupos políticos. El servicio lo presta una empresa que ya tenía la concesión anteriormente. En el pleno del Consistorio del pasado mes de junio se sometió a votación la renovación del contrato por otros quince años, aprobada con los votos del grupo socialista. ICV se abstuvo, y PP y CiU votaron en contra, al considerar que había otras ofertas de grandes empresas privadas que incluían mejores condiciones. Según fuentes próximas a las pesquisas, de las intervenciones telefónicas obrantes en la causa se podría inferir que el pliego de condiciones habría sido elaborado ad hoc desde el inicio, cuestión que será analizada a partir de ahora.También son conversaciones telefónicas las que sustentaría! n la sospecha de que en el Ayuntamiento de Montcada i Reixac s! e contra tó de forma improcedente a un ex alto cargo del tripartito. En dichas intervenciones, según trascendió ayer, la alcaldesa del municipio, María Elena Pérez, era tratada de forma despectiva por algunos de quienes querían forzarla a aceptar la formalización del empleo. Precisamente, el hermano del alcalde de Sabadell, Francisco Bustos (que es además concejal de Espai Públic), fue interrogado el sábado sobre este extremo, pues se le imputa haber acudido a Montcada i Reixac a fin de participar en que esta persona tuviera el puesto de trabajo.Ayer, el turno ante el juez fue para Manuel Bustos, quien compareció en medio de la algarabía motivada por las manifestaciones en contra y a favor que se concertaron ante los juzgados. Bustos manifestó a los medios de comunicación que explicaría todo lo que fuera necesario y repitió que su gestión ha sido honrada y transparen! te. Está imputado por tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir delitos.Precisamente sobre Bustos fueron interrogados algunos de los imputados que han comparecido a lo largo del fin de semana para prestar testimonio, y la causa han sido las dietas y los gastos pasados tanto por él como por su hermano a la Federació de Municipis de Catalunya, por si podía existir un presunto delito de malversación de caudales públicos.Otros dos concejales han pasado también ya por el juzgado, en las maratonianas sesiones que se han desarrollado estos días. Han sido Joan Manau (Urbanisme) y Ricard Estrada (Sostenibilitat), que fueron preguntados, entre otros extremos, por los desescombros efectuados en una finca rústica por una constructora y las posibles irregularidades que se cometieron en torno a este hecho.Como avanzó La Vanguardia, en la operación Mercurio se investiga, fundamentalmen! te, si existía un concierto para adjudicar las obras p&! uacute;b licas a un grupo de compañías determinadas, que habrían depositado 120.000 euros a fondo perdido para estar en la lista, más el 3% del importe de la licitación si se les concedía. Al menos dos empresarios que han desfilado ante el juez en estos días han señalado que se les exigieron distintas cantidades para conseguir un contrato, pero situaban en el ojo del huracán al exconcejal del grupo popular en el Ayuntamiento Jordi Soriano, quien fue expulsado del PP por la poca oposición ejercida contra Manuel Bustos. Soriano, quien en principio no iba a declarar ante el juez, al final sí quiso hacerlo y negó las acusaciones. El fiscal pidió que se le impusiera una fianza, si bien el juez consideró suficiente imponerle presentaciones en el juzgado. Para la Fiscalía, Soriano es el intermediario en la red de sobornos. En la lista de los industriales interrogados están los her! manos Rojas, que son los que actualmente patrocinan al Centre dEsports Sabadell. Según fuentes de las investigaciones, en las conversaciones telefónicas intervenidas también se da cierto papel en algunas operaciones a Antoni Somoza, director de Urbanismo, también imputado. Otra de las conversaciones que obran en la causa tiene un tenor más político: se señala que la posible caída por algún motivo de Manuel Bustos tendría consecuencias para Convergència i Unió.

Fuente de la Noticias: Noticias de España